Desde la Sociedad Rural de Tucumán manifestamos profunda preocupación ante las recientes auditorías y denuncias públicas sobre las graves irregularidades en la gestión de la obra social Osprera, que impactan directamente en la cobertura y bienestar de nuestros empleados.
Es inaceptable que, según las auditorías del Gobierno, el 90% de los prestadores que la obra social afirma tener no cuenten con convenios reales, y que, en muchos casos, las prestaciones médicas no sean brindadas de manera efectiva. Nuestros empleados merecen un servicio de salud de calidad y accesible, tal como corresponde por ley y por derecho.
A su vez, destacamos que muchas personas, debido al desconocimiento sobre el sistema o las deficiencias en la gestión, terminan pagando doble obra social, sumando una carga económica innecesaria a su situación. Esto agrava aún más el perjuicio para los trabajadores rurales, quienes ya enfrentan dificultades para acceder a una atención de salud oportuna.
Es importante señalar que cuando un trabajador es nuevo, está obligado por el sistema a permanecer un año en la obra social Osprera, lo que los deja atrapados en un sistema que no les está brindando las soluciones que necesitan. Este tipo de situación genera frustración y desprotección entre los empleados, que no tienen la libertad de cambiar a otra obra social durante ese período.
Nos solidarizamos con los trabajadores afectados por esta situación y hacemos un llamado urgente a las autoridades competentes para que resuelvan estas irregularidades lo antes posible. Es imprescindible que se restablezca el acceso a los servicios de salud en condiciones adecuadas, garantizando la protección de los derechos de los empleados rurales y sus familias.
En representación de los productores rurales y empleadores de la provincia, exigimos transparencia y soluciones concretas que aseguren la correcta atención de nuestros trabajadores.
