Frente a la decisión del Gobierno Nacional de prorrogar por cuatro años la suspensión de desalojos a comunidades indígenas, la Sociedad Rural de Tucumán observa con gran preocupación la medida.
Conscientes de que se trata de un tema delicado en el que se ven afectados los derechos establecidos por nuestra Constitución Nacional y las propiedades legítimas que pertenecen a productores agropecuarios. Es por ello que
instamos a que esta temática sea tratada con todos los involucrados: legisladores provinciales, concejales, entidades rurales, instituciones y asociaciones que defienden la propiedad privada.
Reiteramos una vez más nuestra defensa inquebrantable al derecho a la propiedad privada establecido por la Constitución Nacional Argentina.
